Las disposiciones necesarias relativas al aislamiento dan lugar a un gran número de actas por infracciones. Esto confiere un universo amplio de personas en situación de criminalización (susceptibles de ser perseguidos penalmente por el Estado a través del Poder Judicial) y potencia la selectividad del sistema.

Por tal razón y en función del principio de “última ratio” del derecho penal y de igualdad ante la ley, se hace necesario sentar criterios uniformes de política Criminal destinados a las agencias judiciales.

A tal fin se hacen relevantes las políticas fijadas por la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como las instrucciones generales que emitan los respectivos procuradores generales a fin de dar uniformidad a los criterios de oportunidad y fundamentalmente con todo lo relacionado a la libertad personal.