Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta la Resolución No. 2/25 sobre los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad, aprobada en el marco del 193º Período de Sesiones. El documento reconoce las afectaciones que sufren las personas que tienen familiares en privación de libertad, y hace un llamado a los Estados a adoptar medidas que les aseguren sus derechos como tales. 

La Resolución constituye el primer pronunciamiento en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre la materia, y representa una aproximación inicial al tema. En particular, resalta que las familias de las personas detenidas, en su mayoría integradas por niñas, niños y adolescentes, sufren afectaciones sociales, económicas y emocionales; entre ellas, la ruptura de lazos de protección, los obstáculos para mantener un contacto adecuado, y la pérdida de cuidados. Además, destaca el impacto de la discriminación y estigmatización que enfrentan estas familias. 

Con base en dichas consideraciones, la Resolución desarrolla los deberes estatales para garantizar los derechos de estas personas, con el objetivo de orientar a los Estados en la adopción o revisión de las políticas penitenciarias, con especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, las personas mayores, y mujeres.

De manera prioritaria, se destacan las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de los vínculos, la incorporación de las perspectivas de familiares en políticas y programas penitenciarios, el derecho de las personas encarceladas a ser privadas de libertad en espacios cercanos a sus familias, el acceso a la información por parte de las familias, y la obligación de combatir la violencia contra aquellas. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.